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En esta entrega le ofrecemos algunos casos que han generado polémica en la opinión pública y han marcado hito en la historia venezolana con el fin de promover en nuestros lectores el interés por generar y dar seguimiento a denuncias sobre hechos ambientales preocupantes, como una manera legítima y efectiva de participación que puede generar resultados satisfactorios.

La matanza de delfines, la cacería de jaguares y la repetida intoxicación en Barlovento representan algunos sucesos que han captado la atención de los medios de comunicación y de las diversas organizaciones ambientales.

Peligro para los delfines

En 1998, 75 delfines murieron en la orilla de la bahía en la isla de La Tortuga. Diversas hipótesis explicaron las causas de este hecho. Se esbozaron como explicaciones desde que fue un acontecimiento natural como parte de un llamado de auxilio de un delfín a otros, hasta la contaminación de las aguas.

En el año 2000, 25 delfines se localizaron varados, sin vida en Playa El Agua, Playa Moreno, La Caracola y otras zonas de la isla de Margarita y Coche. Se presumía que ocurrió porque los cetáceos habían sido atrapados en las redes de los pescadores del sector.

Estos sucesos tuvieron repercusión sobre la imagen de Venezuela internacionalmente en la protección de estos mamíferos marinos, y recordaban el veto para los atuneros venezolanos, implantado por Estados Unidos.

Desde 1990, con base en la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, ese país impuso un embargo atunero a Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Vanuatu y Venezuela, como consecuencia de la matanza de delfines en la pesca, denunciada en 1986. Ese embargo se mantuvo hasta el 29 de abril de 1999.

En el Pacífico anualmente se sacrificaban 115 mil delfines y luego del embargo esta cifra disminuyó a 3 mil, según declaraciones del director de Pesca del Ministerio de Agricultura y Cría, Carlos Giménez (El Nacional, 17 de abril de 1997).

El levantamiento del embargo estaba condicionado al sacrifico del menor número de delfines durante las labores de pesca, es decir, 5.000 delfines al año, tal como lo expresaba la ley. Asimismo, las latas de atún debían presentar la indicación de "dolphin safe‰, lo cual tendría que certificarse por observadores dentro de los barcos atuneros.

Durante los años del embargo, en 1993, se difundió un video en el que se muestra a pescadores venezolanos utilizando carne de delfines para pescar tiburones, en la península de Paria, estado Sucre. Este contenido fue revelado por los biólogos Ignacio Agudo de Fundacetacea y Aldemaro Romero de BIOMA. Muchos creyeron que la aparición de este documento fílmico tenía como trasfondo el mantenimiento del embargo atunero a Venezuela.

El suceso dio origen a acciones legales que inculpaban a Agudo y Romero por instigación al delito de caza, enmarcado dentro de la Ley Penal y del Ambiente. Ambos salieron del país; Agudo a Brasil, donde solicitó asilo y Romero a los Estados Unidos de América.

Jaguares como trofeos

La supervivencia del jaguar, depredador más importante del continente americano se encuentra en peligro por el comercio internacional de pieles, la destrucción de sus hábitats y la cacería deportiva, entre otros. En Venezuela, en los años cincuenta zonas como el estado Barinas, oeste de Apure y Guárico se consideraban centros importantes de la cacería de jaguares.

El jaguar o Phantera onca, según su nombre científico, se consideró como un trofeo luego de que el Servicio Autónomo de Fauna del Ministerio del Ambiente (Profauna) con el apoyo del Consejo Nacional para la Fauna Silvestre y Acuática (Conafasi) realizara una propuesta para cazar treinta cabezas de esta especie, para generar fondos para su conservación.

Año 8 Número 162 16 - octubre - 2004 Casos ambientales que van del escándalo al olvido En la edición número 157 de este boletín (1 de agosto de 2004) se hizo referencia al informe "Periodismo ambiental en Brasil y Perú", publicado por el programa "Medios de Comunicación y Democracia" de la Fundación Konrad Adenauer, realizado por la periodista Karen Finkenseller. En este trabajo se señalaba que el periodismo ambiental se limitaba a informar sobre escándalos ambientales.
En esta entrega le ofrecemos algunos casos que han generado polémica en la opinión pública y han marcado hito en la historia venezolana con el fin de promover en nuestros lectores el interés por generar y dar seguimiento a denuncias sobre hechos ambientales preocupantes, como una manera legítima y efectiva de participación que puede generar resultados satisfactorios. La matanza de delfines, la cacería de jaguares y la repetida intoxicación en Barlovento representan algunos sucesos que han captado la atención de los medios de comunicación y de las diversas organizaciones ambientales. Peligro para los delfines En 1998, 75 delfines murieron en la orilla de la bahía en la isla de La Tortuga. Diversas hipótesis explicaron las causas de este hecho. Se esbozaron como explicaciones desde que fue un acontecimiento natural como parte de un llamado de auxilio de un delfín a otros, hasta la contaminación de las aguas. En el año 2000, 25 delfines se localizaron varados, sin vida en Playa El Agua, Playa Moreno, La Caracola y otras zonas de la isla de Margarita y Coche. Se presumía que ocurrió porque los cetáceos habían sido atrapados en las redes de los pescadores del sector. Estos sucesos tuvieron repercusión sobre la imagen de Venezuela internacionalmente en la protección de estos mamíferos marinos, y recordaban el veto para los atuneros venezolanos, implantado por Estados Unidos. Desde 1990, con base en la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, ese país impuso un embargo atunero a Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Vanuatu y Venezuela, como consecuencia de la matanza de delfines en la pesca, denunciada en 1986. Ese embargo se mantuvo hasta el 29 de abril de 1999. En el Pacífico anualmente se sacrificaban 115 mil delfines y luego del embargo esta cifra disminuyó a 3 mil, según declaraciones del director de Pesca del Ministerio de Agricultura y Cría, Carlos Giménez (El Nacional, 17 de abril de 1997). El levantamiento del embargo estaba condicionado al sacrifico del menor número de delfines durante las labores de pesca, es decir, 5.000 delfines al año, tal como lo expresaba la ley. Asimismo, las latas de atún debían presentar la indicación de "dolphin safe‰, lo cual tendría que certificarse por observadores dentro de los barcos atuneros. Durante los años del embargo, en 1993, se difundió un video en el que se muestra a pescadores venezolanos utilizando carne de delfines para pescar tiburones, en la península de Paria, estado Sucre. Este contenido fue revelado por los biólogos Ignacio Agudo de Fundacetacea y Aldemaro Romero de BIOMA. Muchos creyeron que la aparición de este documento fílmico tenía como trasfondo el mantenimiento del embargo atunero a Venezuela. El suceso dio origen a acciones legales que inculpaban a Agudo y Romero por instigación al delito de caza, enmarcado dentro de la Ley Penal y del Ambiente. Ambos salieron del país; Agudo a Brasil, donde solicitó asilo y Romero a los Estados Unidos de América. Jaguares como trofeos La supervivencia del jaguar, depredador más importante del continente americano se encuentra en peligro por el comercio internacional de pieles, la destrucción de sus hábitats y la cacería deportiva, entre otros. En Venezuela, en los años cincuenta zonas como el estado Barinas, oeste de Apure y Guárico se consideraban centros importantes de la cacería de jaguares. El jaguar o Phantera onca, según su nombre científico, se consideró como un trofeo luego de que el Servicio Autónomo de Fauna del Ministerio del Ambiente (Profauna) con el apoyo del Consejo Nacional para la Fauna Silvestre y Acuática (Conafasi) realizara una propuesta para cazar treinta cabezas de esta especie, para generar fondos para su conservación.		Esta propuesta se realizó en 1997, incluía la traslocación de los felinos cebados (que se alimentan de ganado vacuno) y contemplaba la cacería controlada de los jaguares, a través del pago de una tarifa a cazadores nacionales e internacionales. Organizaciones de conservación venezolanas rechazaron esta proposición, pues consideraban que no solucionaba el problema de la extinción del jaguar: la pérdida de su hábitat por deforestación, el cual se transforma en zonas ganaderas y agrícolas, según indica el Libro Rojo. En esa oportunidad, la Fundación para la Defensa de la Naturaleza señaló que en Venezuela existían 2500 jaguares, mientras que Profauna sostenía que eran 4000. El jaguar está incluido en el Apéndice 1 de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies de Plantas y Animales Amenazados (CITES), lo que implica que el comercio internacional de la piel de este felino es ilegal. El Ministerio del Ambiente decidió no realizar la propuesta de la cacería de trofeos de jaguar en un comunicado difundido por el ministro Rafael Martínez Monroy. Intoxicación misteriosa en Barlovento El 4 de octubre de 2004, más de 500 personas presentaron una intoxicación cuando se encontraban en las playas de Puerto Francés, Chirimena, Caracolito, Punta Caimán y los Corrales, del estado Miranda. En principio se estimó como responsable a la planta de Petróleos de Venezuela, ubicada en Carenero, por lo que las autoridades del estado Miranda exigieron que se iniciara una investigación. Pero esta no fue la primera vez que se registro este tipo de suceso. En 1995 se produjo la primera intoxicación de una serie que se repetiría en tres ocasiones hasta la de octubre de 2004. Hoy sólo se conocen con certeza los síntomas que han presentado las personas afectadas: dificultad para respirar, escozor, nauseas y vómitos, mientras que las causas del suceso se sumergen en una incógnita. En 1997, aproximadamente 37 personas sufrieron una intoxicación cuando estaban en Puerto Francés, municipio Brion del estado Miranda. Dos años antes, 1400 personas presentaron una sintomatología semejante en el mismo lugar. En esta oportunidad se señaló como responsable del incidente a Lagoven, que tenía una planta en las cercanías. Sin embargo, esta hipótesis no pudo ser comprobada. Sobre el suceso de este año, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales estudió el fenómeno y presentó un informe en el que se indica que el agente tóxico es un compuesto orgánico volátil, como hidrocarburo. Asimismo, manejaron dos variables como causales: un buque que pudo arrojar el agente o personas que de manera intencional lanzaron el compuesto. Como en los años anteriores, el turismo y la actividad en las playas se reanudó unos días después del incidente. El enigma sobre la causa del suceso sigue sin revelarse completamente. Sin embargo, sabemos que la Dirección de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente continua laborando para encontrar las causas de este ya recurrente incidente. Escándalos que se vuelven eco en el olvido Estos casos y otros que han ocurrido en la historia ambiental venezolana figuran días en las páginas de los periódicos y en los contenidos de otros medios, mientras la sociedad discute sus consecuencias, pero se deslizan entre los incidentes relegados al transcurrir el tiempo. Sólo se recuerdan las grandes tragedias. Por esto es fundamental que estos acontecimientos se mantengan en la conciencia ciudadana, que como actor social debe exigir la respuesta de los organismos competentes, exigir la determinación de los responsables junto a la aplicación de las sanciones legales y administrativas, y de esta manera generar la conservación de su entorno.
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